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SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 909/2002-R
Sucre, 29 de julio de 2002
Expediente: 2002-04643-09-RAC
Partes: Clemente Yucra Ticona, por sí y en representación de David Salazar Herrera, Emilio Pancata Herrera, Mario Fuentes Rodríguez, Nieves Morató Valencia, Gloria Montes de Llanos, Lourdes Vildoso de Bellido, Domingo Mamani Cruz y Susana Calle de Bustos contra Erika Rojas Flores y Walter Villanueva, Presidenta del Concejo Municipal y Alcalde Municipal de Quillacollo, respectivamente
Materia: Amparo Constitucional
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
Vistos: En revisión, la Resolución de 3 de junio de 2002, de fs. 130 a 132, pronunciada por la Jueza de Partido en lo Penal en suplencia del titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Quillacollo, dentro del Amparo Constitucional interpuesto por Clemente Yucra Ticona, por sí y en representación de David Salazar Herrera, Emilio Pancata Herrera, Mario Fuentes Rodríguez, Nieves Morató Valencia, Gloria Montes de Llanos, Lourdes Vildoso de Bellido, Domingo Mamani Cruz y Susana Calle de Bustos contra Erika Rojas Flores y Walter Villanueva, Presidenta del Concejo Municipal y Alcalde Municipal de Quillacollo, respectivamente, los antecedentes; y,
Considerando: Que por memorial presentado el 22 de mayo de 2002, de fs. 63 a 67, los recurrentes manifiestan que Hernán Ibarra Berríos transfirió un terreno de 33.172 m2 a favor de la Junta de Beneficiarios de Milluni representado por Clemente Yucra y otros, el mismo que se halla registrado en DDRR. Que a petición de un grupo de personas que dicen ser dirigentes de Irincollo, el Concejo Municipal dictó la Ordenanza Municipal 26/97 de 6 de mayo de 1997 publicada el 21 de mayo de ese año, disponiendo la expropiación de sus terrenos en la extensión de 32.273 m2 para la construcción de canchas múltiples y otros servicios, frente a lo cual, acreditando su derecho propietario, pidieron la revocatoria de dicha Ordenanza sin haber obtenido ninguna respuesta pese a haber presentado desde el 30 de mayo de 1997, una infinidad de memoriales en ese sentido.
Que algunos concejales informaron que se habría llegado a una transacción que jamás existió. Por otra parte, la Ordenanza impugnada dispuso la expropiación sin consignarla en el POA y con una serie de violaciones a la Ley de Municipalidades y al DS Reglamentario de 4 de abril de 1879 elevado a rango de Ley el 30 de diciembre de 1884, que en su momento fueron observadas en la solicitud de revocatoria; empero, 3 años y 8 meses después de haber perdido vigencia dicha Ordenanza, el 15 de diciembre de 2000 aparece un avalúo realizado por el Director de Catastro del Municipio, con el que no fueron notificados y sobre cuya base el Asesor Legal solicitó que el Departamento de Finanzas elabore el cheque correspondiente por el precio fijado en el citado avalúo, ignorando que desde la publicación de la Ordenanza Municipal 26/97 transcurrieron 5 años durante los cuales no se efectivizó la expropiación, por lo que dicha Ordenanza perdió vigencia de acuerdo a los arts. 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades abrogada y 125 de la Ley 2028; extremo que hicieron notar mediante memorial de 18 de junio de 2000, que cuenta con informe legal favorable, pero que no mereció ningún pronunciamiento por parte del Concejo a más de un año de su presentación.
Que la Ordenanza Municipal impugnada viola el derecho a la propiedad privada, así como los arts. 122 última parte del parágrafo II, 123-IV y 125 de la Ley 2028, por cuanto el valor de toda expropiación debe estar incluido en el presupuesto municipal como gasto de inversión, y debe efectivizarse en un plazo no mayor de dos años, a lo que se suma que el terreno motivo de la expropiación es rural-rústico y está bajo la jurisdicción del INRA y no del Municipio, lo que significa que la Alcaldía obró sin jurisdicción usurpando funciones que no le competen, y que conllevan la nulidad de sus actos a tenor del art. 31 de la Constitución y 30 de la Ley de Organización Judicial. Por lo señalado, la venta forzosa ha quedado sin efecto, revirtiéndose su derecho propietario, situación que los recurridos no quieren admitir, obligándoles a plantear el presente recurso en uso del art. 143 de la Ley 2028 y 19 de la Constitución, pidiendo sea declarado procedente y por ende, se disponga la pérdida de vigencia o se deje sin efecto la Ordenanza Municipal 26/97, con las condenaciones de ley.
Considerando: Que en la audiencia de 3 de junio de 2002, de fs. 133, los recurrentes ratificaron su demanda.
A su turno, los concejales recurridos de fs. 121 a 122, señalaron que los recurrentes carecen de personería para plantear el presente Amparo, ya que no se determina claramente qué tipo de agrupación es la "Junta de Beneficiarios Milluni" a la que representan pues su personería jurídica no está debidamente reconocida al margen que no consta el número de asociados, los Estatutos ni Reglamento Interno de la entidad, por lo que no puede establecerse si la totalidad de los socios otorgó el poder notarial 671/2001 presentado por los recurrentes. Además firman sólo siete personas de las nueve que figuran en el recurso. Que el 18 de junio de 2001, los recurrentes pidieron la pérdida de vigencia de la Ordenanza Municipal 26/97, siendo que no existe la declaratoria de desuso de las ordenanzas municipales. Remitido el petitorio al órgano ejecutivo, esa instancia determinó que el área rural expropiada fue ocupada por supuestos propietarios como área residencial, realizando construcciones sin planos aprobados y sin ningún criterio técnico ni urbano, en contravención del Reglamento General de Normas Urbanas y del Plan General de Ordenamiento Urbano y Territorial de Quillacollo, impidiendo ese hecho la ejecución de la Ordenanza de expropiación que es la única disposición que impide la destrucción de los campos deportivos utilizados por la comunidad desde tiempos inmemoriales. Que los recurrentes solicitaron a la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía, ratificar, autorizar y aprobar el fraccionamiento y urbanización del predio en cuestión; trámite que se encuentra pendiente y que merecerá una resolución técnico administrativa del Ejecutivo, positiva o negativa que podrá ser impugnada conforme a los arts. 137 y siguientes de la Ley 2028. Que por último, el Concejo no infringió ningún derecho fundamental de los recurrentes, quienes tienen una acción ordinaria pendiente ante el Juzgado de Partido de Familia, con los mismos argumentos utilizados en el presente Recurso, es decir que tiene identidad de sujeto, objeto y causa; correspondiendo declarar la Improcedencia del Amparo, con costas.
A continuación, el Alcalde de Quillacollo recurrido, informó de fs. 123 a 124 que mediante la Ordenanza Municipal 26/97 "de 12 de mayo de 1997" (sic) se declaró la necesidad y utilidad pública de 32.273 m2 ubicados en la zona de Ironcollo, disponiéndose que el Departamento de Catastro efectúe el avalúo del terreno; mismo que fue realizado el 15 de diciembre de 2000, alcanzando la suma de Bs214.357. Que al no existir observación, dicho avalúo fue aprobado, ordenándose a la Dirección de Finanzas la elaboración del cheque correspondiente a nombre del Juez de Partido en lo Civil de Quillacollo, quien debía extender la minuta traslativa de dominio a favor del Municipio. Que el trámite de expropiación se llevó a cabo en vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades ahora abrogada, y sustituida por la Ley 2028 que es la que recién establece que las expropiaciones en el área rural deben regirse por la Ley 1715; norma que no es aplicable al caso. Que los recurrentes carecen de personería para demandar al no estar acreditado legalmente el derecho propietario de sus afiliados, máxime si está demostrado que no agotaron la vías legales para presentar sus reclamos.
La Resolución de fs. 130 a 132 declara procedente el Recurso respecto a Clemente Yucra Ticona y David Salazar Herrera como personas individuales y dispone que el Concejo Municipal de Quillacollo dicte en el plazo de 30 días, la Ordenanza Municipal referente a la anulación, vigencia o caducidad de la "O.M. 26/97 de 21 de mayo de 1997" (sic), con los siguientes argumentos: a) Que Clemente Yucra Ticona y David Salazar Herrera acreditaron su derecho propietario para actuar por sí mismos, pero la Junta de Beneficiarios de Milluni carece de personería jurídica al no tener estatutos, resolución que la apruebe, ni acta de designación de sus representantes; b) Que el Concejo Municipal de Quillacollo no cumplió el art. 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 al no haber emitido nueva ordenanza que deje sin efecto la anterior, o haber concluido el trámite de expropiación con el pago respectivo en el término señalado en la misma norma; incurriendo de ese modo en un acto ilegal y arbitrario que viola el derecho de los recurrentes.
Considerando: Que de la revisión del expediente se evidencia lo siguiente:
1. Mediante la escritura privada reconocida y protocolizada en 3 de agosto de 1984, inscrita en DDRR el 27 de agosto del mismo año, Hernán Ibarra Berríos transfirió a la Junta de Beneficiarios de Milluni representados por Clemente Cerón Choque, David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona, 33.172 m2 ubicados en Ironcollo. A su vez, éstos transfirieron lotes de terreno de 800 m2 a Clemente Yucra Ticona y Catalina Mamani de Yucra; de 430,50 m2 a Beatriz Pancata Romero; de 409,50 m2 a Said Gutiérrez Andrade y Carmen L. Auza de Gutiérrez (fs. 1-19).
2. Por Ordenanza Municipal 26/97 de 6 de mayo de 1997, el Concejo Municipal de Quillacollo declaró de necesidad y utilidad pública la superficie de 32.273.00 m2 ubicada en la zona de Ironcollo, adyacente al Tuyupan (camino del Inca), destinada a la construcción de canchas deportivas múltiples y otros servicios, otorgando el plazo de 10 días a partir de la publicación de la Ordenanza realizada el 21 de mayo de 1997, para que los presuntos propietarios acrediten sus derechos, debiendo realizarse la expropiación conforme al art. 200 de la Constitución, concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades, DS de 4 de abril de 1879 elevado a rango de Ley el 30 de diciembre de 1884 (fs. 25-27).
3. Clemente Cerón Choque, David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona acreditando su derecho propietario pidieron el 30 de mayo de 1997, se revoque y se deje sin efecto legal alguno la Ordenanza Municipal 26/97; petición que reiteraron mediante memoriales de 7 de agosto de 1997, 18 de enero de 1998; 3 de febrero de 1998 sin obtener ninguna respuesta, por lo que el 18 de junio de 2001 ante el tiempo transcurrido pidieron se deje sin efecto dicha Ordenanza por pérdida de su vigencia, a lo que el Asesor Legal indicó que para la anulación de una Ordenanza debe tramitarse necesariamente otra, por lo que reiteraron su petición el 28 de junio de 2001, solicitando se deje sin efecto el trámite de expropiación y se disponga la reversión de sus terrenos mediante otra Ordenanza Municipal (36-37; 39-43; 51-54; 61-62).
4. Dentro de la demanda ordinaria de pérdida de vigencia de una Ordenanza Municipal intentada por Clemente Yucra Ticona y otros, por Auto de 19 de abril de 2002, el Juez de la causa declaró probadas las excepciones previas de incapacidad e impersonería de los demandantes opuestas por el Presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, aceptando el retiro de demanda solicitado por los recurrentes (fs. 120 y vta., 82 vta.).
5. Mediante Testimonio 671/2001 de 23 de mayo de 2001, Clemente Yucra Ticona, Jorge Machicado Riveros, Simón Gutiérrez Rioja y Lorenzo Mamani Reas, en su calidad de Presidente y miembros del Directorio de la Urbanización Milluni, confiere poder en favor de Clemente Yucra y Jorge Machicado Riveros, para que entre otros trámites puedan presentar el Recurso de Amparo Constitucional; sin embargo, en el poder no se adjunta la personería jurídica de la Urbanización, los Reglamentos ni la nómina de socios, tampoco el derecho propietario de los poderconferentes sobre los terrenos reclamados (fs. 20-21).
6. Los recurrentes Emilio Pancata Herrera, Mario Fuentes Rodríguez, Nieves Morató Valencia, Gloria Montes de Llanos, Lourdes Vildoso de Bellido, Domingo Mamani Cruz y Susana Calle de Bustos no acreditaron de forma alguna su calidad de propietarios de los terrenos cuestionados.
Considerando: Que el poder conferido a favor de Clemente Yucra Ticona, por Jorge Machicado Riveros, Simón Gutiérrez Rioja y Lorenzo Mamani Reas como miembros del Directorio de la Urbanización Milluni, es insuficiente al no reunir los requisitos de ley, ya que no consta en el mismo la personería jurídica de la Urbanización, la nómina de socios, ni sus Reglamentos. Por otro lado, los co-recurrentes Emilio Pancata Herrera, Mario Fuentes Rodríguez, Nieves Morató Valencia, Gloria Montes de Llanos, Lourdes Vildoso de Bellido, Domingo Mamani Cruz y Susana Calle de Bustos no acreditaron de forma alguna su calidad de propietarios de los terrenos cuestionados y tampoco su calidad de socios de la Urbanización Milluni. En consecuencia, todos los citados carecen de legitimación activa para plantear el presente Amparo al no haber acreditado debidamente su personería, lo que determina la Improcedencia del Recurso respecto a ellos, situación que debió ser observada por el Tribunal de Amparo a tiempo de admitir el Recurso, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 19 de la CPE y 97-1) de la Ley 1836. Sin embargo, cabe aclarar que tienen expedita la vías legales correspondientes para presentar sus reclamos.
Que asimismo, de obrados se establece que el Alcalde Municipal recurrido no pronunció ni suscribió la Ordenanza Municipal impugnada pronunciada por el Concejo estando únicamente encargado de su ejecución; en ese contexto, la presente acción se encuentra erradamente dirigida en su contra, toda vez que carece de personería y legitimación pasiva para ser recurrido.
Que por otro lado, David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona acreditaron su derecho propietario y por ende su personería para presentar por sí el presente Amparo, además de demostrar que junto con otras personas, pidieron la pérdida de vigencia de la Ordenanza Municipal 26/97 de 6 de mayo de 1997 mediante memorial de 18 de junio de 2001, mereciendo el informe del Asesor Legal en sentido que para la anulación de una Ordenanza debía tramitarse necesariamente otra; en ese entendido, pidieron el pronunciamiento de una nueva Ordenanza por memorial de 28 de junio de 2001, el cual hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Por consiguiente, se establece claramente que existe un solicitud en trámite que no ha sido resuelta por el Concejo Municipal pese al tiempo transcurrido, lo que significa una omisión ilegal y actuación negligente que origina inseguridad en los recurrentes y restricción a su derecho de petición consagrado por el art. 7-h) de la Constitución Política del Estado, relacionado al libre ejercicio de su derecho propietario que de esa manera también se ve restringido.
Que la falta de respuesta oportuna a la petición de los recurrentes (David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona), constituye una flagrante violación al derecho de petición consagrado en los arts. 7-h) de la Constitución Política del Estado y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 2 de mayo de 1948, el cual se traduce en el derecho, capacidad o facultad que tiene toda persona para pedir, individual o colectivamente, ante sus autoridades o representantes, la atención o satisfacción de sus necesidades y requerimientos, o formular ante sus superiores o autoridades, representaciones de resoluciones o actos ilegales o indebidos, y el de obtener pronta resolución sea en forma positiva o negativa, con el fundamento correspondiente. Así lo ha reconocido este Tribunal en las Sentencias Constitucionales 1222/01-R y 366/2002-R, entre otras.
Que la Jueza de Amparo al haber declarado Procedente el Recurso contra ambas autoridades recurridas, no ha efectuado una correcta interpretación de los hechos ni de los alcances del art. 19 de la Constitución Política del Estado.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19-IV y 120-7ª de la Constitución Política del Estado y los arts. 7-8ª y 102-V de la Ley Nº 1836, REVOCA EN PARTE la Resolución revisada y declara:
1. IMPROCEDENTE el Recurso respecto al Alcalde Municipal recurrido,
2. PROCEDENTE el Recurso con relación a la autoridad recurrida, Erika Rojas Flores, Presidenta del Concejo Municipal de Quillacollo; y, en consecuencia, deberá dar respuesta al petitorio relativo al pronunciamiento de nueva Ordenanza Municipal sobre la problemática en cuestión.
3. Se condena a la autoridad demandada al pago de daños y perjuicios que serán calculados por la Jueza de Amparo conforme al art. 102-VI de la Ley 1836, en favor de los recurrentes David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona.
Regístrese y devuélvase.
Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
DECANO
Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto
MAGISTRADO
Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO
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Documento relacionado al mismo expediente
 0008/2003-CDP
AUTO CONSTITUCIONAL 0008/2003-CDP Sucre, 10 de abril de 2003
Expediente: 2002-04643-09-RAC Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
En revisión el Auto de 17 de febrero de 2003 de fs. 224 a 225, pronunciado por el Juez de Partido de Familia, Niñez y Adolescencia de Quillacollo, dentro del trámite de calificación de daños y perjuicios emergente del recurso de amparo constitucional seguido por Clemente Yucra Ticona por sí y en representación de David Salazar Herrera y otros, contra Erika Rojas Flores y Walter Villanueva, Presidenta del Concejo Municipal y Alcalde Municipal de Quillacollo, respectivamente.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA
I.1. La SC 909/2002-R de 29 de julio, revocó en parte la resolución revisada y declaró improcedente el recurso respecto al Alcalde Municipal recurrido y procedente con relación a Erika Rojas Flores, Presidenta del Concejo Municipal de Quillacollo, quien deberá dar respuesta al petitorio relativo al pronunciamiento de nueva Ordenanza Municipal sobre la problemática en cuestión y pagar los daños y perjuicios a favor de los recurrentes David Salazar Herrera y Clemente Yucra Ticona, a quienes les violó su derecho a petición (fs. 138-143).
I.2. El recurrente Clemente Yucra Ticona solicitó la calificación de los daños y perjuicios, para lo que el Juez de amparo abrió el término probatorio de 8 días común a las partes (fs. 156, 161 y vta), en cuya vigencia ambas partes ofrecieron prueba (fs. 195 y 198), habiéndose producido la siguiente:
a) Prueba documental consistente en recibos simples de alquileres (fs. 166-194).
b) Confesión provocada del recurrente Clemente Yucra donde afirma que la Alcaldía le habría provocado un daño estimado de $US.2.000 a $US.2.500, considerando los gastos de reparación de muro, trámites y pagos de honorarios de abogados en distintas causas (fs. 205).
c) Inspección Ocular en la que se evidencia que Clemente Yucra tiene una construcción de medias aguas donde habita hace cuatro años (fs. 207).
d) Pruebas testificales de cargo que acreditan pérdida de materiales por intervención de la Alcaldía en sus predios (fs. 210-216).
e) Certificado del Director del Departamento de Urbanismo de la Alcaldía que acredita que los predios siempre estuvieron en posesión de los propietarios quienes construyeron clandestinamente sus viviendas sin haberles causado a éstos ningún daño (fs. 217).
I.3. Mediante el Auto de 17 de febrero de 2003 (fs. 224-225), el Juez de amparo calificó los daños y perjuicios en $US.2.500.- , fundándose en que si bien el actor no acreditó pericialmente los daños inferidos, la prueba testifical uniforme constituye un indicio vehemente de los mismos, habiendo desestimado solo los pagos de alquiler. Asimismo, indica que la Alcaldía debe considerar también la reparación a los demás adjudicatarios que sufrieron perjuicios económicos.
II. FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO
II.1. De conformidad a la jurisprudencia que consta en el Auto Constitucional Nº 09/00-CDP de 20 de noviembre de 2000, la calificación de daños y perjuicios debe comprender:
a) La pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra y
b) Los gastos que los recurrentes han tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado; extremos que deben estar acreditados en el proceso.
II.2.En la especie, la prueba presentada por la parte victoriosa es irrelevante y no acredita de manera fehaciente la cuantía de los daños sufridos por la comisión del acto ilegal, como exige el inc. a) del punto anterior, motivo por el cual no debió ser considerada por el Juez de amparo ni fijarse monto alguno por ese concepto, menos basarse en la cantidad global señalada por el recurrente en su confesión provocada, ya que tampoco ese es un medio idóneo de demostrar el daño sufrido.
Por otra parte, la simple confesión provocada del recurrente tampoco puede determinar de manera fidedigna los gastos efectuados para lograr la reposición del derecho conculcado, tales como los honorarios de abogado y las costas (inc. b) del punto anterior). Consecuentemente, también en este caso el Juez de amparo ha cometido un error al reconocer el monto global indicado en esa declaración para fijar los daños y perjuicios, que a decir del confesante comprenderían los gastos de trámites y atención de procesos. En todo caso, al no existir la presentación de una iguala profesional por la atención del recurso de amparo, el juzgador debió remitirse al Arancel Mínimo del Colegio de Abogados y ordenar por otra parte, la elaboración de una planilla de costas, a fin de determinar con exactitud los gastos señalados.
Asimismo, cabe aclarar que los daños y perjuicios a señalarse serán pagados a favor del recurrente y de su representado David Salazar Herrera como manda la Sentencia Constitucional.
En consecuencia, el Juez de amparo no compulsó de forma correcta las pruebas aportadas y tampoco calculó cabalmente los daños y perjuicios sufridos.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional resuelve ANULAR la Resolución revisada, ordenando se dicte una nueva, de acuerdo a los datos del proceso y las directrices señaladas en esta Resolución.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE
Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
DECANO
Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto
MAGISTRADO
Fdo. Dr. Jose Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO
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2010-22202-45-AAC
0454/2010-R
